Políticamente Incorrecto La 4T y los órganos autónomos

Políticamente Incorrecto
La 4T y los órganos autónomos
Roberto Camps

Tomó décadas para consolidar el sistema de pesos y contrapesos para ejercer un mayor control del gobierno federal a través de diferentes órganos autónomos. Pero hoy se encuentra en riesgo ante los recortes presupuestales unos, y de plano la amenaza de desaparecer a otros.
Para el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Auditoría Superior de la Federación, el Coneval y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, entre otros, es complicada la travesía en la Cuarta Transformación.
Surgidos en los años noventa, los órganos autónomos permitieron ahondar en el conocimiento de nuestra realidad, evaluar el desempeño de las políticas públicas, promover y regular la apertura comercial en el sector energético, desterrar el proceso inflacionario con un mejor control cambiario, y ensanchar las avenidas de la información para que los ciudadanos fiscalicen a sus gobiernos.
Transitar a un país con mayores equilibrios es quizá uno de los mayores logros de lo que podría considerarse como una primavera mexicana, la defensa de los derechos humanos, la posibilidad de tener elecciones libres, contar con mayores herramientas de acceso a la información, son conquistas de muchos hombres y mujeres, para consolidar nuestra democracia.
Pero hoy vivimos tiempos inéditos, de retroceso, el insaciable e insano apetito de destruir todo lo que le antecede, ha llevado al Poder Ejecutivo, en colusión con la mayoría morenista en el Congreso de la Unión, a prácticamente desmantelar (bajo la sospecha no probada de corrupción) a diferentes organismos en cuya creación participó la sociedad civil y académicos, para ejercer un contrapeso al poder del Ejecutivo.
El sostenido embate del gobierno federal en su contra, no tiene otra explicación que la pretensión de ejercer el poder sin ser vigilado.
En 2020, el gobierno federal rompió récord en sus compras sin licitar. Su porcentaje de contratos entregados mediante adjudicación directa llegó a un 80,3% al cierre del año.
Los recursos públicos entregados mediante ese mecanismo para alcanzar la cifra histórica de 189 mil 488 millones de pesos.
Ahora bien, si desaparecen, sus presupuestos serán transferidos al gobierno de la República, al cual no le bastó hacer suyos los fideicomisos.
Pero la solución no es el canibalismo que vienen practicando ante la urgencia de obtener recursos financieros y enderezar un barco que se hunde. La solución es impulsar los fundamentos de nuestra economía.
El pasado 11 de noviembre la Cámara de Diputados votó a favor de la aprobación del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, que evalúa un recorte de 2 mil 184 millones de pesos a organismos autónomos, disminuyendo con ello sus capacidades operativas.
Este año el gabinete federal elabora un paquete de iniciativas de reformas constitucionales que permitirían la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Reguladora de Energía.
El presidente Andrés Manuel López Obrador argumenta que los organismos autónomos, entre ellos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) pasarían al control de la Secretaría de la Función Pública, cuyo titular hace mucho tiempo que no comparece en las conferencias mañaneras, tal vez por su carga de trabajo elevada.
El atentado en contra de estos organismos, no debe verse como un asunto de burocracias despedidas, sino la desaparición de instrumentos que bien utilizados, empoderan a los ciudadanos.